El Impuesto sobre los Gases Fluorados posiblemente mantendrá durante el año 2016 la reducción del tipo impositivo (que ahora ya tiene), según una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada por el Grupo del Partido Popular (que tiene mayoría) en el Congreso de los Diputados durante el mes de septiembre. Así, en caso de salir adelante en el trámite necesario, los tipos de impuesto que se cargarían este año que entra serán los resultantes del multiplicar dichos gravámenes por un coeficiente inferior al del 0,66 que es el que entraba en vigor.

 

De esta manera se consigue una de las demandas de las empresas instaladoras y/o mantenedoras, en base a informes económicos muy negativos sobre el efecto que ha producido este impuesto en las empresas del sector del frío y climatización, que han pedido numerosas veces la derogación del impuesto o, al menos, la no subida desde el 0,33 que existe ahora mismo.

 

La proposición presentada coincide, así mismo, con los argumentos de las empresas sobre el estado actual de usos de alternativas a los gases fluorados (nuevos gases refrigerantes). Entre los argumentos para mantener este tributo destaca que “el desarrollo, prueba y comercialización de productos sustitutivos conlleva un determinado periodo de tiempo” y “en la actualidad, un número considerable de instalaciones frigoríficas existentes con gases fluorados carece de sustitutivos igual de seguros y eficientes”.

 

 

El mayor problema es en todo caso, el hecho de que este impuesto solo se aplique con estos tipos en España entre los países de la Unión Europea con necesidades importantes de climatización y refrigeración, y dada la existencia de legislación europea destinada a limitar los efectos de estos gases, existe la necesidad de derogarlo para no mermar la competitividad de las empresas españolas del sector del frío.

 

Cabe recordar que con este impuesto el sector de frío está siendo castigado con una fuerte reducción de facturación y con un incremento de insolvencias y cierres de empresas, con el consecuente impacto negativo en el mercado de trabajo.

 

La aplicación del impuesto está acarreando consecuencias muy negativas desde el punto de vista medioambiental, fiscal y económico como son el aumento del mercado negro; la entrada en el mercado español de gases fluorados a través de operaciones intracomunitarias que podrían eludir el impuesto; el incremento de los costes administrativos de un 8%; y el crecimiento de los costes financieros en un 15%; y el uso por  parte de personal no certificado de gases no sujetos a impuestos  con código de seguridad diferente que podrían provocar accidentes serios.

 

El impuesto, además de suponer un impacto altamente negativo, es innecesario ya que el nuevo Reglamento Europeo F-Gas 517/2014, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, ya obliga a una reducción de emisiones, principal objetivo del tributo. Dicho Reglamento sí está acordado, consensuado y armonizado en la UE, además de llevar aparejado un calendario razonable de adopción de medidas.